El pensamiento político moderno, desde Maquiavelo hasta Marx, abrió el análisis político sobre el Estado, desde que es la institución que posibilita su ejercicio pleno.
Tradicionalmente, una de las diferencias entre la izquierda y la derecha política atendía al tamaño del Estado y en esa dirección un Estado grande era privativo de la izquierda y un Estado pequeño, de la derecha. Sin embargo, la evidencia demuestra que en este siglo el tamaño del Estado no es muy diferente entre gobiernos de izquierda y derecha.
Esto conduce a analizar en qué medida un Estado gigantesco, puede impedir el desarrollo pleno de la política, al grado de ser un obstáculo infranqueable.
Pese a que en la pasada campaña política todos los candidatos coincidieron en que un déficit fiscal del orden de 5 % del PIB como tenemos actualmente no es sostenible, la cosa no cambia y el Estado sigue creciendo.
Es notorio que el sistema político camina en la dirección opuesta de lo declarado y se han ido pergeñado nuevas estrategias que engordan el gasto público, integrando verdaderos ejércitos de ciudadanos vinculados económicamente al Estado, bajo diversos sistemas que no encajan necesariamente en los tradicionales.
Si algo caracteriza a estos tiempos es un Estado puesto a hacer de todo, que termina haciéndolo todo mal e impidiendo implementar nuevas políticas, desde que es un lastre para todo partido que alcance el gobierno.
Esto no es menor, desde que los nóveles gobiernos suelen justificar su lentitud en establecer cambios anunciados en campaña y se refieren al gasto público heredado, pero aumentan invariablemente la plantilla pública, no bien llegan al poder.
Hoy padecemos una lentitud abrumadora del sistema político que llega a cercenar derechos ciudadanos, lo que lleva a concluir que los gobernantes no tienen idea cabal de lo importante que son los tiempos en la vida de los ciudadanos comunes.
En política, la rapidez es un activo vital para generar cualquier cambio
Porque los gobernantes no solo administran los dineros públicos, administran el tiempo de todos y cada uno de los ciudadanos de la nación, asunto nada menor.
Algunos temas son acuciantes y recupero el mensaje de un padre que lleva 3 años sin poder ver a su hija por una falsa denuncia, en un país en dónde la ley lo presume culpable y que no prevé consecuencias para quien presente denuncia falsa.
Mientras tanto, las ONG radicales trancan toda solución democrática y el Partido Colorado, cuyo voto es crucial para aprobar la Ley de Tenencia compartida, anunció que se tomará su tiempo para decidir.
Otro tanto sucede con los tiempos de los enfermos que luchan contra reloj para salvar sus vidas, mientras el Fondo Nacional de Recursos se toma su tiempo para decidir en tanto los enfermos deben judicializar sus reclamos y el tiempo les juega en contra.
Lo mismo acontece con los presos políticos de Domingo Arena que aguardan que las nuevas autoridades, que manejan el poder coercitivo del Estado les devuelvan su estatus de ciudadanos y los ampare en el cumplimiento de las leyes.
Hoy los tiempos del poder no son los mismos que los del ciudadano de a pie, aquel ciudadano que espera soluciones y resoluciones que deben, necesariamente venir del sistema político.
Si bien el respeto a los tiempos en la gestión de lo público puede y debe ser una garantía de la calidad de la misma, en algunos temas el dilatar la toma de decisiones conlleva difuminar responsabilidades y perpetuar injusticias.
Quien maneja el poder coercitivo del Estado no pude ni debe sentarse a esperar que el reloj avance y las cosas se acomoden solas, porque su función es custodiar que el poder del Estado sea garante de las libertades ciudadanas y no su peor enemigo.
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