La rebelión de los abuelos

Si algo sabemos es que, a la hora de priorizar necesidades, hace años que poco se acuerdan de los abuelos. Según números oficiales más del 95% de la población de 65 años o más, percibe algún tipo de ingreso del Sistema de Seguridad Social.

La jubilación mínima hoy es de $ 14.853 pesos y la pensión por vejez e invalidez, de $ 13.035. Huelga decir que con estas cifras, los jubilados se han convertido en una enorme masa de ciudadanos destinados, tarde o temprano a caer en la indigencia.

El aumento de las ollas populares y ciudadanos que recurren a comedores públicos  crece escandalosamente, así como los reclamos para obtener medicamentos. Ya no se trata de la dificultad para acceder a medicamentos de alto costo, se trata de comprar simples reguladores de la tensión arterial, que hoy resultan difícil de adquirir regularmente para la mayoría de ellos.

Se ha denunciado desde el cuerpo médico que los abuelos no siguen sus tratamientos porque no pueden adquirir sistemáticamente los medicamentos.

Esto no debería sorprender ya que no se necesita ser economista para comprender que, con esos ingresos, llegar a fin de mes es una utopía y enfermarse, una condena.

De poco servirán las grandes campañas publicitarias tendientes a establecer una “medicina preventiva” si no brindamos a nuestros mayores ingresos dignos.

Aca no hay posibilidad de echarle la culpa al COVID, ya que los gobiernos se suceden y continúan priorizando un día y otro también, políticas superfluas que comprometen  la capacidad Estatal para mejorar la situación de nuestros mayores.

Sabemos que la caja es una sola y cada día nos enteramos de nuevos contratos de privilegio con lo cual, el relato de la herencia, se vuelve anacrónico.

Basta ver las cifras de funcionamiento de Ministerios, Intendencias, del Parlamento o de las Juntas Departamentales y Alcaldías para comprobar que se gastan dinerales, no solo en sueldos -que deberían estar topeados en 10 salarios mínimos- sino en celulares, secretarias, vehículos oficiales, pasajes de primera, viáticos y la lista es infinita.

A esto se suma una nueva clase de parásito que todos los días se añade al presupuesto nacional con el formato de ONG, una bolsa de trabajo que desangra al Estado y aumenta la plantilla de gente que vive de nuestros impuestos.

No pretendemos que nuestros gobernantes tengan la capacidad magnífica de Julio Verne para advertir el futuro, pero hay algunos números que rompen los ojos.

Nuestros abuelos viven y sobreviven con enormes carencias y la pobreza no dejará de subir mientras no se den cambios en la administración de los dineros públicos.

Se crean comisiones de notables, se realizan estudios diversos y muchos diagnósticos.

Se otorgan aumentos mínimos , y luego se sale a paliar necesiadaes básicas, con un gasto enorme que provienen de las mismas arcas estatales.

La verdad es que nadie le pone el cascabel al gato ante lo que es fácil de advertir para cualquier dueño de hogar que sabe que, si gasta en chucherías, al final del día poco le quedará en caja para atender necesidades irrenunciables.

Mientras tanto la expectativa de vida crece, y los abuelos del siglo XXI en los países desarrollados planifican en su vida independiente agrupándose en sistemas como el cohousing, comunidades de viviendas colaborativas en las que se juntan ancianos y comparten zonas y servicios comunes.

En Uruguay el 60% de los ingresos al hospital geriátrico Piñeyro del Campo son por vía judicial, es decir, por situaciones de abandono o maltrato, pero los abuelos no registran para los encargados de contabilizar y denunciar la violencia doméstica.

Es claro que llevan décadas olvidados y aun los que tienen vivienda propia, deben hacer malabares para pagar sus impuestos, suscribiendo convenios eternos, mientras cada noche la TV les devuelve noticias sobre contratos o prebendas estatales millonarias.

Algunos economistas hablan de establecer una renta básica, aun para gente joven y vigorosa, poco no se acuerdan de quienes no están en condiciones de laborar, pero que lo han hecho toda su vida y siguen pagando sus impuestos sin chistar.

Es de justicia que ese enorme grupo de abuelos postergados encuentre algún líder vigoroso que los aliente a establecer su propia rebelión, estableciendo un justo reclamo, denunciando la mala gestión de los dineros públicos y negándose a pagar impuestos abusivos, que siempre terminan en bolsillos ajenos.

 

 

 

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