(Corresponde a la audición de Estado de Situación emitida el jueves 4 de febrero de 2021 por CX 12 Oriental. Plantea una apretada síntesis de la serie de acontecimientos que desembocó en el 9 de febrero de 1973, hito imprescindible hacia la consolidación del golpe de estado concretado en junio de ese mismo año).
Desde que las FFAA recibieron la orden de combatir a la sedición –después de la fuga masiva de 111 tupamaros del penal de Punta Carretas en septiembre de 1971– de manera constante y sostenida se fue desmantelando el aparato subversivo.
Casi diariamente salían por cadena nacional, para informar de investigaciones, enfrentamientos y – muy especialmente – de las constantes capturas de “elementos sediciosos”.
Después de las elecciones de 1971, llevadas a cabo en un clima de auténtica tensión ciudadana, provocada por el accionar de la guerrilla y por su amplificación a través de los medios, el 1º de marzo de 1972 asumió el nuevo presidente.
Se trataba de Juan María Bordaberry, elegido por el propio presidente saliente, Jorge Pacheco Areco, como su sucesor. Aunque las diferencias de estilo, conducción y carisma eran sustancialmente diferentes entre uno y otro. No sólo eso, Pacheco había llegado a la Presidencia como consecuencia de una larga trayectoria en el Partido Colorado: fue redactor durante años en El Día, electo diputado en 1962 y elegido para la Vicepresidencia en 1966. La muerte del general Oscar Diego Gestido en diciembre de 1967 provocó su paso a la primera magistratura.
Bordaberry a su vez había tenido un pasaje por el Senado de la República, pero por el Partido Nacional. Si bien su familia estaba históricamente vinculada al Partido Colorado, su adhesión al Ruralismo determinó ese cambio. Se integraría más tarde al gabinete de Pacheco Areco como ministro de Ganadería.
Y desde allí surgiría su designación: al decir de los analistas de la época “Pacheco lo deja para que le cuide el sillón”; es que, dentro de los posibles sucesores era quien menos perfil mostraba para liderar un agrupamiento que buscara diferenciarse del presidente saliente.
A la campaña política en marcha de cara a las elecciones del 71, se sumaba una sucesión de éxitos imparables de las FFAA sobre los cuadros sediciosos.
Durante décadas se habían mantenido entre las cuatro paredes de los cuarteles, estaban absolutamente al margen del acontecer político, puede decirse que el protagonismo que empezaron a ganar les deparó una nueva óptica, cargada de ambición. Entre buena parte de las jerarquías militares se hizo carne la idea de que “llegamos a esta situación porque el estamento político está carcomido por la corrupción, se hace necesario un relevo”. Empezó a manejarse el argumento de “seguridad para el desarrollo”.
En esas elecciones de 1971, hizo irrupción un nuevo cintillo político: el Frente Amplio. De esa forma Rodney Arismendi logró culminar exitosamente la serie de objetivos que se había planteado desde que asumió la secretaría general del Partido Comunista, unos 15 años antes: autonomía universitaria, desarrollo de un aparato armado, central sindical única y bajo su influencia. El frente popular –vía de acceso al poder por elecciones– estaba en último lugar en su proyecto.
Bordaberry había ganado las elecciones, pero por lo que se ha visto, no despertaba mayor adhesión dentro de su propio partido. Paralelamente, la mayoría del Partido Nacional (liderado por Wilson Ferreira Aldunate), expresaba rechazo monolítico al nuevo presidente, acompañado de una firme convicción de que las elecciones habían sido ganadas gracias a un fraude.
Estanciero y católico, Bordaberry encarnaba precisamente todo lo que el Partido Comunista y el Frente Amplio decían despreciar: latifundio, conservadurismo y acomodo político.
Era un presidente débil. Aunque en instancias clave obtuvo el respaldo parlamentario suficiente como para sacar adelante iniciativas cruciales. Es el caso del “estado de guerra interno”, votado en el parlamento al día siguiente del baño de sangre que desataron los tupamaros el 14 de abril de 1972.
Como consecuencia de ello la Justicia Militar se hizo cargo de los casos relacionados con la subversión.
A pesar de eso Bordaberry no logró consolidar su liderazgo político, y a la lucha por el poder se sumaron los apetitos de las Fuerzas Armadas.
Su primera arremetida contra las instituciones políticas se produjo el 27 de octubre de 1972, cuando la Justicia Militar acusó a Jorge Batlle (ex candidato por la Lista 15) de “ataque a la fuerza moral de las FFAA” y solicitó su captura, concretada en el local del diario “Acción”.
Días antes Batlle había denunciado por cadena de radio y televisión la connivencia entre oficiales de las FFAA y tupamaros presos para desprestigiar a dirigentes políticos, desarrollando operaciones clandestinas en conjunto.
Al día siguiente de la captura de Batlle renunciaban los ministros quincistas Julio M. Sanguinetti, Francisco A. Forteza y Walter Pintos Risso.
A su vez el senador Amílcar Vasconcellos había denunciado en una sesión de la Asamblea General que circulaba en los cuarteles un documento que no era otra cosa que “un maquiavélico plan secreto” de los mandos militares, para “desprestigiar a los sectores políticos”.
El ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, argumentó que se trataba de un documento de trabajo interno “referente a la realidad nacional”, y que “no tiene nada de clandestino, ni oculto, ni nada que no pueda llegar a la opinión pública”.
Ese texto había sido considerado en octubre por el anterior ministro de Defensa Nacional, Augusto Legnani, y terminó con su renuncia.
A esa altura las FFAA buscaban acentuar sus diferencias con el sistema político: el domingo 14 de enero (ya en 1973) difundían un comunicado de rechazo a cualquier reparto o cuota política en la designación de directorios de entes autónomos y servicios descentralizados.
El viernes 19 de enero, El País publicó una serie de artículos denunciando corrupciones varias en la Junta Departamental de Montevideo. Enseguida la Junta de Comandantes reclamaba al presidente que tomase medidas sobre esas irregularidades.
La aflicción de Vasconcellos aumentaba por lo que vislumbraba como inminente caída de las instituciones. En la noche del 31 de enero difundió una “carta al pueblo uruguayo”, en la que acusaba a los mandos militares de “querer desplazar a las instituciones legales para sustituirlas por omnímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la internacional de las espadas”
Los calificaba de “panegiristas entusiastas de Latorre”.
Denunció “un plan debidamente estructurado donde se establecían las bases conforme con las cuales se habría de proceder para dar un primer paso a efectos de ir apoderándose del control de la administración”.
Acusaba a los militares de haberse llevado por delante al ministro y al presidente. “Es ladrón quien roba el dinero de un pueblo, pero también lo es quien roba sus libertades”.
Bordaberry le contesta al día siguiente, señalando su compromiso y el de las FFAA con “el hecho histórico de la vigencia de las instituciones”.
Todo eso quedará documentado en el libro “Febrero Amargo”, publicado por Vasconcellos enseguida que se calmó esa primera escalada hacia el poder.
Los militares difundían a su vez un comunicado firmado por los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea –no aceptó hacerlo el de la Armada, el Vicealmirante Zorrilla– con una virulenta respuesta a la denuncia de Vasconcellos, acusando al senador batllista de “portavoz de una conjura de sectores partidarios en base a la posibilidad de ganar prestigio o caudal electoral”.
Se hacía insostenible la posición del ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, quien presentó renuncia. Bordaberry designó al general Antonio Francese en su lugar. Ese jueves 8 de febrero los mandos del Ejército y la FAU desconocían esa designación. Era el empezóse, del acabóse.
Asumió Francese. El general César Martínez renunció como comandante del Ejército y fue reemplazado provisionalmente por el general José Verocay. El coronel Trabal intentó renunciar al Servicio de Inteligencia de Defensa, pero Francese rechazó la solicitud.
El Ejército y la Fuerza Aérea se acuartelaron. El Poder Ejecutivo, por su parte, ordenó el acuartelamiento de la Armada.
Al caer la tarde, efectivos de la División de Ejército I tomaban las instalaciones de Canal 5 Sodre y se emitía un comunicado firmado por el Ejército y la Fuerza desconociendo la autoridad del ministro Francese y adelantando que no van a retrotraerse “a la superada época de ser el brazo armado de intereses económicos y/o políticos”.
En la noche el presidente hacía un desesperado llamado a la ciudadanía para respaldar las instituciones, mientras que con el C/A Zorrilla disponía un plan para copar la Ciudad Vieja.
El presidente no tuvo el respaldo solicitado, apenas unas decenas de personas llegaron a la plaza Independencia a dar su respaldo, el sistema político se mostró absolutamente distante. Bordaberry tampoco renunció, ni se jugó a fondo junto a la Armada, para refugiarse en la Ciudad Vieja y enfrentar a los sublevados.
