Días pasados hemos dado a conocer una carta dirigida al presidente de la República que apela a la tan necesaria concordia nacional con la liberación de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales que aún están presos en Domingo Arena.
La misma, no pretende habilitar discusiones históricas sobre la naturaleza de aquella guerra, asunto que ha quedado zanjado con la desclasificación de documentos en los que se confirma la intervención extranjera en los procesos latinoamericanos de los años sesenta y setenta.
Tampoco busca reeditar la discusión jurídica sobre las amnistías otorgadas por Uruguay desde 1985, ya que estas son “leyes de olvido” que, desde la “amnesia” griega configuran una herramienta de pacificación política, no jurídica.
Nuestra intención es señalar el peligro que acecha a las democracias republicanas cuando se desconocen las leyes que los ciudadanos se han dado para convivir.
Trasgredir el sistema jurídico y sus mecanismos constitucionales, es violar la seguridad de cada individuo ante el poder coercitivo del Estado.
Desde la apertura democrática se ha habilitado el “olvido” para decenas de individuos que violaron nuestras leyes, ocasionando graves perjuicios no solo al cuerpo social y a la república, sino avasallando derechos fundamentales de muchos ciudadanos.
En este camino se han efectuado infinitos resarcimientos pecuniarios y morales a integrantes de los movimientos terroristas.
Sin embargo, la Ley de Caducidad, que comprende a policías y militares que, por mandato político lucharon contra los grupos subversivos, fue derogada por el sistema político que debió limitarse a ser garante de su plena vigencia.
Esta ley de “olvido” pretendía establecer un equilibrio imprescindible en el proceso de pacificación y así lo entendió el soberano al refrendarla en dos oportunidades.
No obstante, se la ha desconocido en una flagrante violación de la Constitución de la república, se ignoraron dos referéndum , se aplicó la retroactividad de las leyes, se condenó por “convicción” y se vulneró la probidad de jueces y fiscales, desoyendo el mandato legal que exige imparcialidad en el desempeño de su función.
Este es un antecedente peligroso para nuestra convivencia ciudadana, desde que el respeto al Estado de Derecho es imprescindible para la seguridad del individuo.
Para justificar esta desviación de la legalidad, se estableció una disociación de la memoria que opera desde la Academia y domina libros curriculares, programas de estudio y se propaga peligrosamente por todas las aulas del país.
Esta disociación, abona subjetividades en el camino de establecer éticas fracturadas, que vulneran nuestro sistema republicano.
Los uruguayos hemos enviado un claro mensaje al sistema político, refrendando la Ley de Caducidad en dos oportunidades. Este mensaje del soberano no puede seguir siendo ignorado, ni violentado por artilugios que solo erosionan el Estado de Derecho.
Es hora de devolver al Uruguay a su natural respeto al Estado de Derecho, acatando la voluntad del soberano y restituyendo a la Constitución de la república, su dignidad.
No habrá reconciliación posible si se desconoce esta realidad, bajo el grito prolongado de algunas organizaciones que, lejos de coadyuvar a la pacificación, han hecho de la confrontación su razón de existir.
Mercedes Vigil
